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Consistorio aprueba dar un mes a Gobierno para licitar la obra de Atarazanas o lo hará él |
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viernes, 23 de marzo de 2007 |
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga aprobó hoy una propuesta para requerir al Ministerio de Vivienda la ejecución de los compromisos que asumió en mayo de 2005 en relación a la rehabilitación del Mercado de Atarazanas, otorgándole un plazo de un mes para que inicie la licitación de las obras, poniendo así "al menos límite a los perjuicios que la situación actual está generando en la ciudad".
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ya anunció el pasado miércoles esta propuesta, en la que se establece también que, en caso de que se incumpla el citado plazo, el Ayuntamiento iniciará el procedimiento de licitación de las obras de rehabilitación.
De todos modos, se precisa, tal y como informaron desde el Consistorio, que esta actuación "no supone en ningún caso la renuncia del Ayuntamiento a su derecho a la obtención de la subvención comprometida por el Ministerio de Vivienda".
De hecho, un tercer punto del acuerdo establece que se estudiarán las acciones administrativas y judiciales necesarias para reclamar al departamento que dirige María Antonia Trujillo la compensación económica necesaria para "cubrir los daños y perjuicios que a este Ayuntamiento están generando los incumplimientos de ese Ministerio".
En mayo de 2005 la entonces subdirectora general de Arquitectura del Ministerio de Vivienda, Almudena Ribot, planteó al Ayuntamiento las condiciones en las que se podía acometer de forma conjunta esta actuación, que tiene un coste global de unos 11 millones de euros --ocho millones para la rehabilitación de Atarazanas y el resto para el mercado provisional, situado sobre el aparcamiento de la calle Camas--.
Según este acuerdo, el Ayuntamiento sufragaba el 100% de la construcción del mercado provisional, mientras que el Ministerio de Vivienda contrataba las obras de rehabilitación de Atarazanas y las financiaba en un 65,78%, correspondiendo el resto al Consistorio, de manera que cada Administración se hiciera cargo del 50% del coste total.
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