Málaga Diario.Periódico de Málaga - Según el fiscal, Muñoz y ex ediles dieron licencias sabiendo que no había norma que las avalara

Según el fiscal, Muñoz y ex ediles dieron licencias sabiendo que no había norma que las avalara

jueves, 22 de marzo de 2007

El fiscal Juan Carlos López Caballero insistió hoy en que el ex alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz y otros siete ex ediles marbellíes concedieron licencias a la empresa Moansa "a sabiendas de que no había norma urbanística aprobada que las amparara". "Podían haberse abstenido, pero no lo hicieron porque no les interesaba", apuntó el ministerio público, quien apuntó que "tenían la consigna del alcalde --Jesús Gil-- de aplicar un plan que se estaba confeccionando", lo que hicieron "en todo el mandato".

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga celebró hoy la vista sobre los recursos de apelación presentados por el fiscal y las acusaciones populares de Los Verdes e IU contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 de la capital, que absolvió a Muñoz y a Rafael González, Mario Jiménez Notario, Manuel Calle, Juan Antonio Yagüe, Marisa Alcalá, Pedro Román y José Marino Pomares de un delito contra la ordenación del territorio.

Así, el juzgado absolvió a los acusados por conceder en comisiones de gobierno celebradas en diciembre de 1996 y en noviembre de 1997 las licencias al proyecto básico y al de ejecución de seis viviendas unifamiliares pareadas en Huerta Belón, sobre suelo con una catalogación urbanística "incompatible" con tal uso, ya que era zona verde pública, según el fiscal, quien negó confusión en el plan a aplicar en ese momento, apelando al texto refundido de la Ley del Suelo.

Pidió que se revoque la sentencia y se cambie por una condena, asumiendo, no obstante, el relato de hecho de la misma, en el que no se hace referencia a la "responsabilidad" de los ex concejales que, para la acusación pública, tuvieron "una actuación prevaricadora en el ámbito urbanístico pues autorizaron edificar en unos suelos que no permitían la edificación" y basándose en una norma "que nunca tuvo aplicación y que en ese momento no estaba terminada de renovar".

Asimismo, reiteró que los ediles eran "plenamente conscientes" de que se basaban en "un proyecto de norma" y de la situación en ese momento, "como lo fueron a lo largo de todo el mandato". El fiscal no pidió la demolición de las viviendas, aunque la acusación popular de Los Verdes sí consideró que la responsabilidad civil debe pasar por esta medida, aunque dejó a la Sala la decisión. Esta acusación apuntó que informar sobre la revisión del plan sin aprobar era "una simple coartada" ante las continuas denuncias que estaban recibiendo.

"NO ENJUICIEMOS A MARBELLA"

Por su parte, las defensas indicaron que "ahora es muy fácil determinar la ilegalidad y entonces era muy fácil engañar a unos concejales legos con unos informes favorables"; al tiempo que apostaron por "enjuiciar a unas personas concretas y unos hechos concretos". "No enjuiciemos a Marbella", apostillaron.

Así, pidieron la confirmación de la sentencia absolutoria y entendieron que el fiscal con su recurso pretende "una modificación en la valoración de la prueba", lo que supone una vulneración de las normas, ya que, según explicaron, "no se puede realizar dicha valoración si no se ha practicado la prueba, es decir, escuchado a los acusados; "lo que no permite nuestro sistema judicial".

Señalaron que los tribunales contenciosos-administrativos se negaron en 12 ocasiones a la paralización cautelar de estas obras en concreto, que se desarrollaron sobre un solar que era "un vertedero y para el que los vecinos pedían una actuación". Además, destacaron que en los hechos probados de la sentencia habla de que "no constan" que ambas licencias tuvieran informes técnicos o jurídicos negativos ni constan informes del secretario en este sentido.

Los letrados de los acusados calificaron de "muy tentador hacer delito de cualquier infracción urbanística", calificación que de los hechos hace el juez juzgador, y apuntaron que "ahora, con lo que está cayendo, cualquier cosa que ocurra en el Ayuntamiento tiene un alo de criminalidad".

Asimismo, hablaron de "la confusión" incluso entre las acusaciones sobre las normas urbanísticas a aplicar y también de la diferencia de criterios entre tribunales "en casos similares"; además, consideraron necesario "situarse en el momento histórico en el que se tomaron estas decisiones" y subrayaron la falta de conocimiento experto de los ex ediles.